El acuerdo firmado el 07 de diciembre de 2023, está basado en la Ley de Áreas Protegidas, la cual estipula que, todo asentamiento ubicado en áreas protegidas antes de   1995, debe regular su permanencia, ante el ente rector de las Áreas Protegidas. Los beneficios que se adquieren incluyen el poder realizar gestiones para el desarrollo comunitario ante entidades del estado y la obtención de beneficios por parte de organizaciones, sin mayores impedimentos, toda vez los procesos se adhieran a legislación vigentes, al tiempo que se protegen los recursos naturales.